Prostituyen la ley en Tlajomulco.

Con la complicidad de funcionarios, la ley se convierte en una cuestión de negocios
Por Víctor Hugo Ornelas

Las constantes violaciones al uso de suelo en el municipio, además de representar un desacato al plan de desarrollo vigente, se han convertido en un problema para los habitantes, quienes no sólo deben lidiar con el atentado a la plusvalía de su localidad, sino con funcionarios corruptos o incapaces de solucionar y atender problemas de tal índole.

En este tema, ciudadanos han denunciado tres casos en específico, uno de ellos en la comunidad de La Calera y otros dos más en el fraccionamiento Gavilanes, de estos, los expedientes continúan abiertos y los servidores públicos a quienes les compete, no han ejercido las acciones correspondientes al respecto.

La Calera: 8 meses para actuar

En septiembre del 2009 vecinos del fraccionamiento Granjas de la Calera, denunciaron una construcción que además de dañar los domicilios aledaños, se salía de los lineamientos que se establecen para una zona con densidad poblacional H1, la respuesta por parte del ayuntamiento fue nula. Con el cambio de administración las cosas no mejoraron mucho, pues la construcción que tiene características de una nave industrial seguía en proceso, aún cuando la licencia de construcción emitida para dicho domicilio, solamente ampara el levantamiento de “bardeo perimetral”. Al cabo de casi 7 meses de gestión, la nueva administración finalmente clausuró la obra y los motivos de la desatención y la tardía intervención municipal podrían deberse a la omisión de un funcionario, quien tenía conocimiento de causa pero nunca llevó a cabo algún procedimiento.

Gavilanes: Dos casos muy complicados.

La situación en este lugar es aún más seria, dentro de nuestras páginas dimos a conocer durante el 2009, que dentro de este fraccionamiento, el cual también posee una densidad demográfica H1, se aprobó la construcción de un coto con 17 casas, teniendo un uso de suelo H3, en donde la administración pasada emitió el visto de bueno y el cual fue firmado por el entonces director de Desarrollo Urbano, Jorge Munguía, quien cabe señalar enfrenta un proceso judicial por dicha acción. Sin embargo, el problema más grave consiste en la construcción de una terraza familiar, la cual fue edificada con licencias falsas y con el consentimiento de algunos funcionarios de la pasada administración.

En los tres casos, el funcionario que es señalado por la ciudadanía por su omisión en las denuncias es el Ingeniero Gilberto Chaires, pues a su cargo se encuentra la jefatura de “edificación y urbanización”, según los vecinos, dicho servidor público tiene conocimiento de los casos, incluso en Gavilanes, los habitantes inconformes aseguran que Chaires cuenta con un expediente y la información necesaria de los dos casos, empero a esto, nunca ha realizado acción alguna para detener o resolver el problema.

Como lo mencionamos anteriormente, la construcción de La Calera fue clausurada, pero en caso de que el ayuntamiento siga la ley de manera estricta, las dos edificaciones que se construyeron sin el permiso correspondiente podrían ser demolidas, y el ayuntamiento no tendría obligación de pagar algún tipo de indemnización, mientras que para el caso del coto, el análisis deberá ser minucioso, ya que aunque en efecto viola el uso de suelo, se expidió un permiso por parte del ayuntamiento 2007-2009.