La Agencia Delegacional de la Procuraduría de Justicia que tiene lugar en Tlajomulco de Zúñiga, ha sido señalada por policías y ciudadanos por supuestos actos de abuso, así como omisión de sus responsabilidades y aparente corrupción en los casos que atienden, señalamientos que incluyen el presunto pago de cuotas para la solución, de situaciones que por ley, deben atender de forma gratuita.
Una persona, vecina del municipio y quién prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, dijo verse afectada por la forma en que opera el ministerio público en el municipio, pues asegura que lo que debe ser un trámite gratuito, derivó en el desembolso de 10 mil pesos para su solución en su caso.
Por Víctor Hugo Ornelas
"Nos dijeron que teníamos que pagarle al actuario y al del ministerio público que nos atendió, que eran cinco mil pesos para cada uno para poder arreglar el asunto", agregó nuestro entrevistado, que resaltó el "cinismo" con el que le realizaron el cobro, mismo que en ese momento no tenía conocimiento que era ilícito, "Ya ni siquiera está el juego de la mordida ni nada, ya te lo sueltan así de sencillo, te cobran como si fueras a la tienda".
Tomando como base el Código Penal Federal, el cual regula las instituciones públicas a todos los niveles, lo anterior representa un delito de cohecho, pues en el artículo 222, del capítulo X, en su fracción primera, se indica que incurre en dicho delito, "El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones".
El mismo artículo indica que la sanción que correspondería al caso mencionado, tiene como consecuencia: "De tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y la destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos", sin embargo, la familia implicada descarta denunciar por el temor de alguna represalia.
Pero los ciudadanos no son los únicos molestos por el servicio brindado en la agencia ministerial de Tlajomulco, pues elementos de seguridad pública declaran sobre situaciones que han tenido como conclusión la liberación de presuntos delincuentes.
El pasado 30 de diciembre, elementos de la policía municipal detuvieron a cuatro jóvenes, que supuestamente portaban un arma de fuego y que se habían visto implicados en la agresión con una escopeta a otro menor, "Ocurre este servicio, cerca de las 10 de la noche (del día 30) y a las 8 de la noche del siguiente día no habían sido atendidos, no había sido recibido el servicio el ministerio público", señaló uno de los policías implicados en la detención de los menores.
Pero además, el policía señala que luego de 22 horas de espera, los jóvenes fueron puestos en libertad, lo que desvirtuó su labor como elementos de seguridad pública, "No los dejaron como detenidos ni como retenidos, sino como presentados y rápido salieron y sabemos que fueron a hacer las amenazas a la familia del otro menor que había sido herido", concluyó el oficial.
Un caso similar ocurrió el 10 de diciembre, cuando policías municipales detuvieron a cuatro personas supuestamente implicadas en el robo de vehículos en San Sebastián el Grande, delegación de este municipio, sin embargo, en el citado caso, los señalados quedaron en libertad luego de varias horas de esperar para que el servicio les fuera recibido a los policías por parte del Ministerio Público.
Al respecto, la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia, señala en su artículo segundo, fracción dos, que los ministerios públicos, deben: "Velar por la legalidad y por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su competencia, así como promover la pronta, completa y debida impartición de justicia".
Para un comandante de la policía municipal, ese tipo de situaciones afecta el desempeño y la imagen de los uniformados municipales, "Puesto que todos los servicios que caen en la tutela del Ministerio Público (y no son resueltos) son desvirtuados ante la ciudadanía, que ya no cree en la policía".
El comandante, que también prefirió el anonimato, indicó que han presentado ante el Ministerio Público a, "Personas que tienen hasta orden de aprehensión y tres días después los vemos caminando en la calle libremente", lo cual se ve reflejado en la cantidad de delitos que se cometen, pues a pesar de que para el comandante de la policía existe mucho delincuente en las calles del municipio, "Los que cometen los ilícitos siguen siendo los mismos, hemos remitido a personas, no es por exagerar, pero hasta unas 20 ó 30 veces sin lograr una solución adecuada”.
En 2010, el entonces alcalde Enrique Alfaro, anunció la implementación de un programa de seguridad en Tlajomulco, que incluiría la colaboración de elementos de la procuraduría y policías municipales, incluso, se anunció que la procuraduría tendría una oficina en el fraccionamiento Chulavista para tener mayor cercanía con la población de esta zona.
Pero el programa quedó en el olvido y ni los elementos de la procuraduría trabajaron en conjunto con la policía municipal, ni se abrió una oficina del Ministerio Público en la zona, "Realmente nunca hemos trabajado en conjunto, puedo decirte que la comunicación entre nosotros (policía municipal) y la procuraduría es nula", indicó el comandante.
Contrario a la colaboración, los elementos de seguridad pública y de la procuraduría en Tlajomulco, han tenido lo que el comandante entrevistado señaló como "roces", debido a que se han presentado casos en los que la policía recibe el reporte de personas sospechosas y cuando acuden a brindar atención, se percatan que se trata de policías investigadores que en muchas ocasiones, "No se quieren identificar".
La animadversión del Ministerio Público en Tlajomulco, incluye además de personas que han requerido su servicio y policías que llevan relación laboral con ellos, a los vecinos de casas y negocios comerciales colindantes con la oficina de la agencia ministerial, ubicada en la calle Flaviano Ramos a espaldas de la plaza de la Cabecera Municipal, calle que es utilizada como estacionamiento por el personal de la procuraduría, que además de utilizar más espacio del que tienen designado, (dos cajones de estacionamiento) aparcan sus vehículos en doble fila.
Una de las vecinas señaló, "El camión de la basura se tiene que subir a la banqueta para pasar, porque ellos (personal del Ministerio Público) acaparan la calle", mientras que la encargada de uno de los negocios comerciales narró el caso de una mujer que tuvo que esperar más de 50 minutos para poder mover su vehículo, "Le pusieron la camioneta enfrente y no la dejaban salir, la señora les habló para que movieran la camioneta y no miento, se tardaron más de 50 minutos en mover la camioneta y todavía lo hicieron de mala gana".
Además, algunas personas del mercado municipal reprueban el hecho de que los elementos de la procuraduría acudan a consumir alimentos armados, "Se sientan a comer y que bueno que vengan, pero a veces vienen armados y no con una pistolita, vienen con rifle y otros clientes ya no se sientan a comer", declaró la propietaria de un negocio de comida.
Otra de las situaciones que pone en entre dicho la eficacia de la agencia ministerial, se presenta durante los eventos en los que ocurren los llamados "hechos de sangre", como homicidios, atentados o accidentes, situación en la que se requiere la presencia de los agentes ministeriales para las indagatorias y recopilación de evidencia.
El 31 de diciembre, alrededor de las 12:30, se registró un percance automovilístico que derivó en el deceso de una mujer de 26 años, el accidente tuvo lugar en la carretera a Santa Fe, a seis kilómetros de las oficinas del Ministerio Público, sin embargo, poco después de las 3 de la tarde, el cuerpo de la mujer fue retirado del lugar de su fallecimiento por personal del Servicio Médico Forense, sin que personal del Ministerio Público arribara al lugar.
La situación, de acuerdo a declaración de un policía de línea, es recurrente "En los servicios que me han tocado a mí, se tardan más de dos horas en llegar, hay veces que no pueden mover el cuerpo porque no llega el MP y mientras se junta el montón mirones", indicó.
Luego de las declaraciones de ciudadanos y policías municipales, el día nueve de enero, buscamos al delegado de la agencia ministerial, Juan Carlos Zaragoza, para que emitiera su postura al respecto, sin embargo, la Dirección de Comunicación Social de la procuraduría postergó la entrevista para el día diez al medio día, entrevista con la que incumplieron y hasta el cierre de esta edición no se ha podido concretar.
En una segunda entrega de este tema, revelaremos otros casos en los que ha sido señalado el Ministerio Público en Tlajomulco y seguiremos insistiendo en hablar con las autoridades que lo representan.
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