El 17 de junio, el señor Pedro Parra
presentó otro escrito dirigido a la comisión de gobernación del ayuntamiento
donde solicita que “por existir procedimientos penales, se suspenda la
ejecución –del acuerdo previo de cabildo- (…) en tanto no se resuelva el
desahogo de la denuncia penal correspondiente”. Este escrito fue presentado a
cabildo hasta el 29 de octubre (4 meses después) y turnado a la comisión
correspondiente para su análisis. Para esa fecha ya había vencido de nueva
cuenta la factibilidad provisional otorgada, a pesar de ella, no existió
ninguna suspensión de obra; la construcción del fraccionamiento continuaba, aún
sabiendo que el ayuntamiento no lo abastecería de agua potable.
Por Mario G. León
A finales del 2010 varias viviendas de
Rinconada del Valle ya estaban habitadas y contaban con el servicio de agua
potable, alimentadas de una toma directa de las líneas de abastecimiento de la
Cabecera Municipal, específicamente del pozo peñafiel. Cabe señalar que cuando
se elaboró el proyecto para evitar el desabasto de agua en la Cabecera, se
definió que esa tubería no debería tener ningún ramal. Sin embargo, ahora en
Tlajomulco Cabecera, se sufre de tandeos, situación que curiosamente no padecen
en el fraccionamiento “Rinconada del Valle”.
Otro caso similar se presenta en
“Mirador del Valle”, con otra toma directa de la misma línea de abastecimiento.
En diciembre del 2010, el entonces
síndico municipal Alberto Uribe Camacho, giró el oficio 385/2010 al director de
agua potable, Octavio Flores, notificándole “que existen denuncias de que dicho
fraccionamiento (Rinconada del Valle) se conecto (sic) de manera irregular a la
red de abastecimiento”, dando instrucciones específicas en el mismo documento,
“solicito se proceda a la clausura de dicho abastecimiento, así como documentar
las irregularidades que se detecten”. De este oficio nadie hizo caso. La toma
nunca fue clausurada.
Cabe señalar, que a pesar de los
cambios en la dirección de agua potable, el actual director de la dependencia
Rogelio Pulido, tiene conocimiento del tema, puesto que previamente había
ocupado la sub dirección operativa de la misma dependencia, por lo que una de
sus responsabilidades fue supervisar las obras de la red de abastecimiento y en
su caso, autorizar la instalación de válvulas. Era de esperarse entonces, que
una vez asumida la dirección, tomara cartas en el asunto y procediera a la
clausura de la conexión, situación que hasta hoy no ha sucedido.
Qué pasa con el pozo
El pozo existe, pero la cesión de éste
al ayuntamiento quedó entrampada, junto con la posibilidad de usar el líquido.
El contrato de concesión nunca se firmó y la petición hecha por parte del señor
Parra de anular el punto de acuerdo en donde se ordenaba realizar el contrato,
tampoco ha salido de la comisión de gobernación, pese a tener las pruebas
necesarias para hacerlo.
Tienen también conocimiento, a través
de documentos, de que 8 meses antes de que Piedad Fletes firmara la cesión a favor
del ayuntamiento, que ya había cedido los derechos a Adolfo Nava Lupercio, en
calidad de apoderado de Fipe Viviendas, por lo que, a pesar de que el tribunal
no ha resuelto la legalidad del poder, que supuestamente le otorgaron los
señores Parra, ella ya no tenía derechos sobre el pozo.
La respuesta apegada a los
lineamientos municipales, sería el corte de suministro de agua a todo el
fraccionamiento, sin embargo, afectaría a los habitantes del coto, quienes
adquirieron sus viviendas en el entendido que contaría con agua potable, por lo
que el incumplimiento de la constructora no debería repercutir en la calidad de
vida de ellos. El ayuntamiento debió suspender el permiso de construcción del
fraccionamiento Rinconada del Valle desde inicios del 2009, pero no lo
hicieron. En el arranque de esta administración pudieron haberlo hecho también
no extendiendo la factibilidad condicionada, pero esto tampoco ocurrió.
Esta situación tendrá que ser resuelta
de cualquier manera, porque existen dos acuerdos de cabildo pendientes de dar
cumplimiento y al menos un juicio en trámite, en espera que la decisión tomada
para solucionarlo, no sean los residentes del fraccionamiento quienes tengan
que pagar los platos rotos, sino la inmobiliaria y los funcionarios que han omitido
el cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciónes.
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