La demolición de una finca sin el permiso correspondiente, así como el empleo de maquinaria privada disfrazada de vehículo oficial, serán casos que el Municipio de Tlajomulco llevará a instancias penales, aseguró el Alcalde Ismael del Toro.
El mandatario señaló que desde el momento en que tuvieron conocimiento sobre la obra, -misma que ocasionó el cierre de una vialidad de la Cabecera Municipal- los inspectores de la Dirección de Obras Públicas intervinieron con la clausura de dichas maniobras al encontrar que no contaban con la licencia requerida.
Por Víctor Hugo Ornelas
Para el lunes 7, el Alcalde fue informado sobre la violación de sellos en la obra así como de movimiento de tierra, a lo que indicó que se deben respetar las leyes “Sin importar quienes son los involucrados” esto en referencia a que la finca en cuestión pertenece quien fuera Presidente Municipal del Tlajomulco en dos periodos, Ernesto Díaz Márquez, mientras que la maquinaria es presuntamente propiedad del Regidor Quirino Velázquez.
Las acciones generaron confusión entre los automovilistas que se vieron afectados con el cierre de la Calle Porfirio Díaz durante las maniobras de la maquinaria, así como vecinos de la calle mencionada, ya que al ver el logotipo del Gobierno Municipal plasmado en el vehículo de carga pesada, supusieron que era el Ayuntamiento quien de forma arbitraria cerró la vialidad y hacia labores para un particular.
Por ello, una de las acciones que tomará la administración será actualizar un padrón de los vehículos externos que son contratados por el Ayuntamiento y así tener control de los mismos, “Para que ningún vehículo de particulares esté haciendo mal uso de las insignias del Ayuntamiento”, anunció Del Toro Castro.
Finalmente el primer edil aseguró que se interpondrán las denuncias correspondientes al uso de los distintivos del Gobierno Municipal y la violación de sellos, ambas acciones especificadas en el Código Penal para el Estado de Jalisco.
Sobre uso de insignias
Código Penal para el Estado de Jalisco
Artículo 170. Se impondrán de un mes a tres años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario mínimo:
I. Al que, sin ser servidor público, se atribuya ese carácter e intente ejercer alguna de las funciones correspondientes;
III. Al que use cualquier elemento de identificación oficial al que no tenga derecho, que sea exclusivo de servidores públicos o personas que tengan carácter de autoridad.
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