El movimiento de tierra generado por la maquinaría de una chatarrera en San Agustín, ha ocasionado que cerca de cinco familias pongan en riesgo sus vidas, ya que sus viviendas han sufrido daños en sus estructuras a causa de la reapertura de este negocio.
Rafael Jara, vecino de la calle Callejón de Los Tejones -rumbo al camino a Los Ocotes-, que queda justamente a espaldas de esta recolectora de material inorgánico, afirma que la reapertura de esta chatarrera, obedece a un acto de corrupción por parte de los Inspectores de Reglamentos.
Por Aarón Estrada
“Nos tomó de sorpresa saber que en el pasado puente vacacional fue reabierta la chatarrera, cuando a nosotros meses atrás logramos que la cerraran por el daño que ha causado a nuestras viviendas, ahora de un día para otro siguió operando sin el consentimiento de los vecinos”, aseguró.
Por los daños estructurales mostrados en estas casas, los vecinos de estas viviendas contrataron a un perito en obra pública, quien como resultado indicó que las grietas mostradas, avisan de que hay fallas en los cimientos.
“Las vibraciones son constantes, nuestros aparatos electrónicos se mueven, nosotros tenemos que usar tapones de algodón para aguantar el ruido de la maquinaria, estamos hasta enfermos ya”, denunció.
Tras la reapertura, los vecinos acudieron al Ayuntamiento para pedir información con “El señor Iván Orozco, Jefe de Reglamentos, para preguntarle por qué le habían abierto”. Funcionario que se puso a disposición de los vecinos como mediador, no supo dar una explicación lógica sobre por qué se reabrió el negocio que no tiene permiso industrial.
El vecino denunció que el funcionario lo único que buscaban era darle el aval para la apertura y funcionamiento, “Nosotros les hicimos saber que no podemos llegar a un acuerdo, con una empresa que se asentó sin el consentimiento de nosotros, además de los daños que ha causado a nuestras casas”.
Por la forma en que se volvió a reabrir, Rafael Lara, argumenta que pudo haber inferido un caso de corrupción por parte de algunos funcionarios de la administración, pues recalcó que “Esto lo sabe el Secretario General, la Dirección Jurídica y el Oficial Mayor de Padrón y Licencias, y nada han hecho por nosotros”.
Además deben soportar que su ingreso sea usado como patio de maniobras por parte de los tráileres que cargan y descargan metales.
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