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| Comuneros señalan presiones e irregularidades para forzarlos a que cedan un terreno a la piedrera |
La tarde del viernes 20 de julio, Juan Padilla,
comisariado de la comunidad indígena denominada Tlajomulco de Zúñiga, se disponía
a ir a casa de uno de sus hijos, cuando según lo narra, fue interceptado por
tres sujetos, dos de ellos armados, que se identificaron como policías y que
presentándole una orden de aprehensión, lo detuvieron y trasladaron a las
instalaciones del penal de Puente Grande Jalisco.
En el lugar le informaron que había una
sentencia de tres meses de prisión en su contra por el delito de despojo, sin
embargo, la Juez que atendió su caso le ofreció su libertad, condicionada a la
firma de un documento, es decir, Juan Padilla debería firmar la sesión de un
predio en el cerro El Patomo, ubicado en Tlajomulco Cabecera, a favor de la
empresa Valdez Murillo S.A de C.V. (VM)
con la cual, la comunidad indígena sostenía un contrato, pero debido al
supuesto incumplimiento de la compañía, la asamblea de la comunidad indígena
decidió ya no renovarlo cuando se venció en febrero de 2011.
Ante las presiones de la Juez, Juan se vio
obligado a firmar, “Ella me decía, -firme aquí o de una vez lo encierro- yo le
dije que ella me estaba obligando a cometer un delito, porque esas tierras no
son mías, son de la comunidad, pero siguió diciéndome y ante la amenaza tuve
que firmar”, mencionó Juan Padilla.
Por Víctor Hugo Ornelas
La cita fue a las doce en punto del medio día,
cita a la que Juan no acudió solo, sino que le acompañaron cerca de 150
integrantes de la comunidad indígena que representa, entre ellos, mujeres y
niños, “Venimos para atestiguar cómo nos roban nuestra tierra, a eso venimos,
no les vamos a parar los trabajos, ni nos estamos manifestando, venimos para
que ellos vean de quién son estos terrenos y sepan a quién le roban”, comentó
uno de los comuneros que junto a los demás, se pararon a un costado del camino
del ingreso a la piedrera.
Dos horas después de lo señalado por la Juez,
la parte ofendida y las autoridades que encabezarían la diligencia brillaban
por su ausencia, fue hasta alrededor de las 2:15 de la tarde, cuando tres
actuarios del juzgado décimo de lo penal, acudieron al lugar, una de ellos
mujer, que al ver que uno de los comuneros gravaba en video con su cámara lo
que sucedía, le indico que no podía grabar y argumentó que así lo indicaba “La
ley de procedimientos penales”, cuando se le cuestionó el motivo de la censura.
Los actuarios se disponían a realizar el
“trámite legal”, sin embargo, en ese momento acudió un notario público
contratado por los comuneros para dar fe de los hechos, fue entonces que los
actuarios titubearon para proceder, incluso, en el caso de la mujer, hasta se
mostró renuente para dar sus datos al notario y pidieron indicaciones vía
telefónica a quien nombraban la Lic. Mónica.
Finalmente, la diligencia se pospuso para el
miércoles por la tarde, puesto que el ofendido no se presentó el día lunes 23.
Sin embargo, para los comuneros, los hechos ocurridos forman parte de una serie
de arbitrariedades e irregularidades, pues la detención de Juan Padilla se
realizó sin una notificación previa de que se llevaba a cabo un juicio en su
contra, además, se omitió su derecho a defenderse y la persona quien acompañaba
a los supuestos policías al momento de la detención, fue identificado por Juan
Padilla como el Abogado de Mario Meza, representante legal de la empresa VM.
El miércoles por la tarde se llevó a cabo una
nueva diligencia en la que por orden de un Juez, el líder de los comuneros
firmó la sesión por tiempo indefinido de diez hectáreas a la piedrera, “Es un
robo total, creen que por ser (los comuneros) gente humilde tienen derecho a
aprovecharse de nosotros y las autoridades les favorecen a hacerlo”, señaló
Juan Padilla, que además indicó que dentro del terreno se encuentran un par de
caminos que conducen a parcelas de los comuneros, mismas que podrían quedar
obstruidas si la empresa se hace de los derechos del terreno.
El ayuntamiento clausuró la piedrera por falta
de contrato, sin embargo, la piedrera continúa operando gracias a un amparo
concedido por el Tribunal Administrativo.
El 16 de febrero de 2011 tuvo vencimiento la
concesión que había acordado la empresa Valdez Murillo S.A. de C.V. con los
comuneros.
El 11 de agosto de 2011, Mario Meza interpone una
denuncia de despojo, un mes después, comparece ante el tribunal unitario
agrario para consignar el pago de la explotación del predio que en agosto
señaló que le había sido despojado.
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