Un caso más de impunidad

Desarrollo urbano operó con irregularidades que a la fecha todavía
no se resuelven ni se castigan

La administración 2007 – 2009 del ayuntamiento de Tlajomulco, tiene un total de nueve denuncias penales contra algunos de su ex funcionarios, destacando entre ellas las interpuestas contra el ex alcalde Antonio Tatengo y el ex tesorero Carlos Romero, que derivaron en el requerimiento de pago de 178 millones de pesos, además de una orden de aprehensión contra el segundo mencionado.

Otro de los funcionarios que fue demandado por la actual administración, pero cuyo caso había pasado desapercibido, hasta hoy, es Jorge Munguía Castellanos, ex titular de desarrollo urbano (Ahora ordenamiento territorial), una de las dependencias que mayor polémica genera en el Municipio, dado que Tlajomulco registra el mayor crecimiento poblacional del País en los últimos diez años, en lo cual ha sido clave la operación de esta dependencia.

Por Víctor Hugo Ornelas

Munguía Castellanos otorgó durante la administración 2007 – 2009, resoluciones favorables de uso de suelo, algunas sumamente cuestionables, incluso, contraponiéndose a los planes parciales que en su momento regían al Municipio, entre ellas, se encuentra el caso de un coto en el fraccionamiento Gavilanes Oriente, donde el uso de suelo es H1, es decir, habitacional con densidad poblacional mínima. Sin embargo, para el entonces funcionario pareció no ser importante, pues otorgó un uso de suelo H3, densidad media alta para la construcción de un coto con 17 viviendas, violando el uso de suelo de Gavilanes.

Además, Jorge Munguía pasó por alto el artículo 251 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, que a la letra dice: “Cuando el proyecto definitivo de urbanización proponga una modificación en el uso de suelo establecido en el plan de desarrollo urbano de centro de población o en el plan parcial de desarrollo urbano, este deberá ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento a propuesta del dictamen técnico elaborado por la dependencia municipal”, situación que nunca ocurrió.

Aunado a lo anterior y para volver más turbio el funcionamiento de la dependencia, en 2007, la constructora Arquitectura Coordinada S.A. de C.V. expidió el cheque número 54539352 de Bancomer, a nombre de Víctor Hugo Munguía Castellanos (Hermano de Jorge Munguía) por la cantidad de un millón de pesos. En ese mismo trimestre, el ayuntamiento de Tlajomulco otorgó el uso de suelo favorable y permiso correspondiente para la construcción de las etapas tres, cuatro y cinco del fraccionamiento Los Silos, que pertenece a la compañía antes mencionada y que actualmente es uno de los conjuntos habitacionales que mayor problemática presenta en los servicios públicos, así como en incidencias delictivas.

Pero el ex titular de ordenamiento territorial no sólo incurrió en la irregularidad en lo que corresponde a los dictámenes de uso de suelo, sino que además, durante los tres años que se mantuvo al frente de la dependencia, incidió en la usurpación de funciones, haciéndose pasar por Ingeniero tal como lo muestran diversos documentos oficiales firmados por el propio Jorge Munguía y que según la dirección de profesiones del Estado de Jalisco, no hay registro que avale la profesión que el ex funcionario se atribuía.

De acuerdo a la ley de la administración pública, los documentos firmados por el ex funcionario no pierden validez, debido a que no está reglamentado que el titular de desarrollo urbano deba tener algún título o profesión, sin embargo, ciudadanos que se vieron afectados o no favorecidos con las resoluciones emitidas por la dependencia y firmadas por Jorge Munguía Castellanos, podrían promover un juicio de nulidad de dichas resoluciones, argumentando la usurpación de funciones y cuestionando si el ex titular tenía los conocimientos necesarios para emitir resoluciones técnicas; cabe señalar que muchos de los dictámenes que expidió la dependencia, carecían de estudio técnico.

A pesar de que según el Artículo 250 del libro segundo del Código Penal Federal, en el que se legisla la usurpación de profesión y de funciones, enuncia que el delito se castiga con pena, que va de uno a seis años de prisión, además de una multa de 100 a 300 salarios mínimos, “Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello”, se atribuya el carácter del profesionista o realice actos propios de una actividad profesional.

En conclusión el caso de Jorge Munguía Castellanos, ex titular de desarrollo urbano de Tlajomulco, se convierte en un caso más de impunidad en este Municipio, lo que hace pensar que difícilmente a quienes abusan de su cargo en la función pública pueden ser castigados.